Suenan últimamente en altas instancias diferentes medidas para combatir el ya viejo pero cada vez más acuciante problema de la despoblación rural, de la España vaciada más que vacía, de esa sangría demográfica que lleva aparejado su tanto de desigualdad a todos los niveles, dejando al descubierto una histórica nefasta política en cuanto a Ordenación del Territorio se refiere.
La propia ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, asumió en la segunda Feria Nacional de la Repoblación de la España vacía (Presura), celebrada a primeros de noviembre en Soria, como “el mayor desafío como país” a que nos enfrentamos, exponiendo una serie de buenas intenciones para combatir la despoblación del medio rural, que está bien pero suena a lo de siempre, añadiendo un paso interesante al hablar de una “cuestión de Estado”, dándole un enfoque integral al asunto que sí que suena de forma diferente a lo escuchado hasta ahora.
Además de hacer énfasis en el establecimiento de los servicios básicos como la Sanidad, la Educación, el transporte o las telecomunicaciones (mantra que todos recitamos alguna vez a la semana) ya hay técnicos que señalan hacia un tratamiento fiscal especial para estas zonas en las que se ceba la despoblación. Vendría a ser como el régimen fiscal de las islas (Canarias y/o Baleares) o de Ceuta y Melilla, donde además se contempla las primas a los funcionarios que allí ejercen, compensando el gasto extra que supone la insularidad.
Pensemos que a un habitante de Canarias o de Baleares le cuesta volar a la Península más o menos lo mismo que la gasolina empleada por un vecino de Soto de Sajambre o de Caín para llegar a León y volver.
Habrá que estar atento al desarrollo de estas iniciativas, especialmente nuestros representantes locales, y no dejar que queden en simples estudios que siempre hacen otros y nadie vuelve a mirar.
Tenemos que hilar fino y ser exigentes si realmente pretendemos que la Montaña resurja demográficamente de alguna manera, pues ¡estamos ya en tiempo de descuento!